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Este jueves se cumplio el segundo aniversario del histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que condenó al Estado Nacional, a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires a realizar el saneamiento y la recomposición ambiental de la Cuenca Matanza - Riachuelo.

Según un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Humano (FARN):

"Las obligaciones impuestas a las autoridades por el alto tribunal se encuentran en su mayor parte incumplidas, destacándose: la falta de control de las industrias radicadas en la cuenca (sólo se inspeccionaron el 29 por ciento), no se han realizado mediciones sobre la calidad del aire, no se ha implementado un sistema de información pública que sea accesible para el ciudadano, tal como lo ordenada la Corte en su fallo.

Además, sólo se ha iniciado el saneamiento del 15 por ciento de los más de 230 basurales existentes en la cuenca, no se ha concretado un Plan Integral de Residuos Sólidos para dar solución definitiva a la problemática.

Tampoco se adoptaron medidas urgentes tendientes a asistir y relocalizar a las personas que viven sobre los basurales. Por último no se ha dado inicio a la reestructuración y relocalización del Polo Petroquímico de Dock Sud.

Por otra parte, tampoco se han desarrollado acciones tendientes a promover la participación y el involucramiento de la ciudadanía en el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. En este orden de ideas, la ley N° 26.168, sancionada en el año 2006, dispuso la creación de una "Comisión de Participación Social", que debe integrarse por organizaciones con intereses en el área y que cuenta con funciones consultivas, la cual nunca fue convocada y evidencia el absoluto desinterés por parte del organismo de cuenca en este aspecto".

Para Andrés Nápoli, Director del Área Riachuelo de FARN "más allá de la valoración negativa que realizamos sobre el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Corte Suprema, no debemos perder de vista que lo importante, novedoso y esperanzador en relación a la situación del Riachuelo, lo constituye precisamente el proceso iniciado a partir de la intervención de la Corte. La sentencia permitió romper la inercia a la que se encontraba adherido el destino de la Cuenca Matanza - Riachuelo, en donde nunca se pusieron en marcha políticas y planes tendientes a revertir o mejorar esta situación.

Según María Eugenia Di Paola; Directora Ejecutiva de FARN "la intervención de la Corte nos ha colocado ante una oportunidad histórica para revertir la crítica situación en que se encuentra la Cuenca Matanza - Riachuelo, y mejorar las condiciones de vida de casi dos millones de habitantes que sufren de manera directa las consecuencias de la contaminación. Pero ello no será posible hasta tanto no se ponga en marcha una verdadera política de Estado, algo que a dos años del histórico fallo todavía reclama su presencia".

C1/F.M.