Bastones largos, cerebros cortos
Ciudad1
La dictadura feroz de Onganía destruyó el gobierno universitario de la manera más violenta. Docentes, estudiantes y graduados de distintas facultades fueron apaleados por su derecho a defender la democracia y la educación.
Las Universidades son peligrosas. Esta es la sentencia y la idea de todo aquel que se incline hacia el autoritarismo fascista. Porque las universidades construyen ciudadanos pensantes, y es muy difícil controlar y dominar a la gente que piensa.
No es de extrañar, entonces, que cada dictador que haya cometido el deshonor de violar la constitución y tomar el poder haya desdeñado e intentado debilitar el aparato educativo y sus centros de estudiantes.
El ejemplo más cabal de esta tiranía de la violencia sobre el pensamiento lo protagonizó el clandestino gobierno del Teniente General Juan Carlos Onganía, quien, apenas un mes después de tomar el poder, ordenó intervenir las Universidades y destruir el sistema de cogobierno organizado por estudiantes, docentes y graduados que regía a las mismas.
El 29 de julio de 1966, los estudiantes y docentes decidieron tomar las universidades para oponerse a la intervención de ese gobierno inconstitucional y represor. La respuesta sólo pudo venir del lado de la violencia. La Policía Federal Argentina se hizo presente y desalojó violentamente a los manifestantes, utilizando sus largos bastones para apalearlos salvajemente. Esta práctica terminó por darle al hecho su nombre histórico: La noche de los bastones largos.
La represión tuvo su acento particularmente en las Facultades de Ciencias Exactas, Ciencias Naturales y Filosofía y Letras. El daño no se limitó a sus docentes y estudiantes, sino a los completos laboratorios e instalaciones con los que contaban. Así fue como Clementina, nombre dado a la primera computadora que llegó a Latinoamérica y que se encontraba en el Instituto de Cálculo de Ciencias Exactas, terminó siendo desmantelada. Idéntico destino tuvo el Instituto de Radiación Cósmica.
Luego de la brutal represión, cientos de profesores fueron despedidos, renunciaron a sus cátedras o abandonaron el país. En total emigraron 301 profesores universitarios. 166 se insertaron en universidades latinoamericanas, especialmente en Chile y Venezuela; otros 94 se fueron a universidades de los Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico; los 41 restantes se instalaron en Europa.
El resultado de esta calamidad fue la completa intervención del gobierno militar en las universidades, donde se aplicó una estricta censura en los contenidos de enseñanza universitaria y se desmanteló un proyecto reformista de universidad científica de excelencia.
44 años después, la educación pública homenajea a las víctimas de este atentado, mientras sigue resistiendo los embates de quienes pretenden ahogarla e impedir el derecho básico del humano civilizado: pensar libremente.
C1/C.A.